La jornada de trabajo en España queda establecida en 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, según queda reflejado en el Art. 34.1 del Estatuto de los Trabajadores. Los sindicatos y algunas fuerzas políticas, PSOE e IU, pretenden disminuir a 35 el número de horas de trabajo semanales, sin reducción salarial y con protección social plena. Si bien todos están de acuerdo, difieren en el grado de intensidad con el que propugnan esta medida y chocan con la oposición de la CEOE y del Gobierno.

UGT considera un objetivo básico la reducción de la jornada laboral como un elemento crucial en la creación y reordenación del empleo. En el 37º Congreso Confederal de marzo de 1998, cuyo lema era “Por las 35 horas. Empleo y Solidaridad”, se avalaba esta tesis con la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular, que recogía más de 800.000 firmas. La elevación a rango de ley de esta propuesta y el mantenimiento de la negociación colectiva son las dos maneras por las que UGT pretende abordar esta cuestión.

Partidario de esta posible ley se muestra CCOO, teniendo como base el diálogo social. Este sindicato defiende la negociación colectiva como un instrumento creador de puestos de trabajo, con el marco de la legislación vigente como medio para fomentar los acuerdos.

En opinión de IU, la reducción de la jornada laboral debe ir acompañada de una serie de medidas para que surta efectos verdaderos. Estiman necesaria la supresión de las horas extraordinarias, las ETT, la penalización de los contratos temporales y el adelanto de la edad de jubilación como hechos relevantes para que la futura ley pueda dar sus frutos.

Por su parte, el PSOE se adhiere a una jornada de 35 horas semanales, aunque se muestra partidario del diálogo social. El pasado uno de abril planteó una propuesta para que el Gobierno negociase con los sindicatos el acordar las 35 horas semanales para los empleados de la Administración del Estado, en vez de las 37,5 existentes. El Ejecutivo rechazó la demanda. El actual Gobierno sostiene que promulgar una ley que obligase a la reducción de la jornada restaría competitividad a las empresas. Prefiere dejar la duración de la jornada a la negociación en los convenios colectivos.

Más contundente es la postura de la CEOE a la disminución del tiempo de trabajo. Según su presidente, José María Cuevas, esta medida “no sirve para crear empleo”. La patronal se muestra partidaria de la flexibilidad laboral. Cree que, de concretarse esta idea de las 35 horas en norma con rango de ley, favorecería el aumento de la inflación y dificultaría la competitividad de las empresas.

Como se ve, diferentes maneras de abordar la cuestión, contrapuestas algunas de ellas que hacen necesario un debate entre los distintos agentes sociales para poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, no conviene olvidar que un buen número de personas está ya gozando de las 35 horas semanales en nuestro país. En el período comprendido entre 1998 hasta el 2002, la cantidad de trabajadores que se beneficiaron de esta medida ascendió a 1.350.000. La disposición ha sido adoptada por 11 Gobiernos Autónomos, aplicándose a 700.000 trabajadores más. La acogida en el sector privado muestra la firma de alrededor de 400 convenios colectivos recogiendo la reducción de la jornada laboral.

En los últimos años, ha surgido la propuesta de los sindicatos de establecer las 35 horas de jornada laboral en España como mejora de la situación del trabajador y , sobre todo, como un estímulo para combatir la tasa de paro reinante en nuestro país. Una justificación tan legítima como medida para acrecentar el empleo como dificultosa por las trabas que puede encontrar en la aplicación de tal objetivo.